ES - De Los Indignados a Las Inquilinas, «No Nos Representan» Vuelve a Las Calles

Imagen tomada en 2011 en la Puerta del Sol de Madrid. Quince años después, la plaza no ha cambiado demasiado. 

El pasado 23 de septiembre, Maria del Carmen Abascal, conocida como «Maricarmen», fue desahuciada del piso en el que había vivido durante 70 años. Su caso, pese a no ser un hecho excepcional, no pasó inadvertido: causó gran conmoción y oposición vecinal por parte de un pueblo ya de por sí drenado. Esa misma tarde, miles de personas se concentraron en Madrid, no solo por Maricarmen, sino contra la indigna situación de vivienda que la población española lleva años soportando.  

Dicha movilización no se quedó en la capital. Se extendió a varias provincias (Granada, Barcelona, Sevilla o Valencia, entre otras), y se convirtió en una de las mayores protestas a nivel nacional que España ha visto en años. Tal ha sido la magnitud, que el 7 de octubre el Sindicato de Inquilinas convocó una huelga general para el 11 de noviembre, dieciocho días antes de las elecciones anticipadas convocadas por Pedro Sánchez. 

Ayer, 11 de noviembre, España fue testigo de algo que no ha pasado en quince años, desde la generación de Los Indignados. Y, por primera vez, el impulso viene de un Sindicato de Inquilinas. 

La Herencia: el 15-M 

El tipo de movilización que estamos presenciando, tanto en su forma como en su magnitud, no es desconocido para la actividad política de España. El 15-M, o movimiento de Los Indignados, estalló en mayo de 2011 y marcó un punto de inflexión en la trayectoria política y social del país. Fue la primera gran revuelta contra las políticas de austeridad (endurecidas desde 2010 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) e historiadores y académicos la consideran la mayor impugnación del orden institucional heredado de la Transición desde la dictadura franquista; el llamado Régimen del 78. 

Igual que sucedería quince años después, el 15-M comenzó con miles de españoles, en su mayoría jóvenes, acampando en la plaza más céntrica de Madrid, la Puerta del Sol, bajo el lema «No nos representan». Fue la respuesta al golpe devastador de la crisis de 2008. Aquella red fue la cuna del movimiento okupa, influyendo en otras sentadas en diferentes ciudades occidentales, como Londres o Nueva York. El movimiento ganó la batalla moral y cambió el vocabulario de la política española. Dejó, además, un legado de organización y movilización política a través del uso de redes sociales que, pese a haber sido debilitado y marginalizado a largo de los años, perduró lo suficiente como para ser una influencia clave del paradigma actual.    

Su expresión institucional fue Podemos, co-fundado por Pablo Iglesias. Sin embargo, su efecto sobre el sistema de partidos no fue duradero, sobre todo tras la retirada de Iglesias de la primera línea política en 2021. Podemos y sus aliados intentaron convertir la energía de las plazas en escaños y se pasaron la década siguiente aprendiendo lo que las instituciones hacen con los insurgentes.  

Asistimos ahora al tercer intento de cuestionar el sistema en su conjunto, articulado en torno a la relación más antigua de todas: la que une el inquilino con el casero. Pero esta vez la gente ha dejado de pedir que la representen para empezar a exigir que la reconozcan, y lo hace con una federación de organizaciones de inquilinas de toda España preparada para ello. 

La huelga del 11-N: que quiere y que significa un sindicato de inquilinas

El Sindicato de Inquilinas surge como una nueva forma política que reclama reconocimiento y capacidad para negociar las condiciones de la vivienda. Es una exigencia, no una súplica: un asiento en la mesa, el reconocimiento como interlocutor legítimo. Junto a otros sindicatos anarcosindicalistas, intenta difuminar la frontera entre la lucha por la vivienda y la lucha laboral, y nos invita a replantearnos el concepto mismo de vivienda: no como un mercado regido por las leyes de la oferta y la demanda, sino como un derecho humano básico. 

Sus reivindicaciones van en esa misma línea: rebaja de los alquileres al 50%, la expropiación de los fondos buitres y de las viviendas vacías, la recuperación de los pisos turísticos y los contratos de alquiler indefinidos, entre otras medidas. Con todo, lo que piden es, probablemente, menos importante que lo que representan: la recuperación de la organización autónoma cuando el sistema no cumple con quienes dice servir. Su portavoz en Madrid, Sabina Carau, resumió el sentido de la protesta y de la huelga en una frase: «esta huelga no es de nadie, es por y para el pueblo». 

Como ya se ha apuntado, la huelga general del 11 de noviembre será la primera desde 2012. La convocan CC.OO, UGT, CGT, CNT y los sindicatos de inquilinas de Madrid. Los comités de huelga se han extendido por los centros de trabajo y los barrios y han llevado el paro a las calles, a las empresas y a las aulas, con unos 4.200 comités de empresa firmando su apoyo. La convocatoria arrancó de la mano de los colectivos más pequeños y militantes, y después sumó a UGT y CC.OO. Es la primera huelga impulsada por un sindicato de inquilinas y reúne a las grandes confederaciones, al anarcosindicalismo y al movimiento inquilino. Para un país cuyos sindicatos mayoritarios suelen ser acusados de llegar tarde a todo, esta vez, las organizaciones institucionales han seguido a la calle. 

Lo que viene: el 29 de noviembre 

Tras la derrota parlamentaria de sus decretos de vivienda, tumbados por PP, Vox y Junts, Pedro Sánchez adelantó las elecciones bajo el argumento de que quería una mayoría progresista mucho más amplia, y situó la vivienda en el centro de su campaña. También reconoció sus incumplimientos de promesas electorales y su parte de responsabilidad en el malestar ciudadano. La derrota en el Congreso fue un revés más para Sánchez y reavivó las dudas sobre si habría agotado la legislatura hasta las próximas elecciones generales, previstas para 2027.

Aun así, la situación coloca al votante, particularmente de izquierdas, en una tesitura. El presidente socialista lleva más de ocho años en el cargo. Este movimiento (la gota que colmó el vaso) es, entre otras cosas, un reproche a lo que esos ocho años no han dado a la ciudadanía. Y aunque el PSOE pudiera haber asumido el riesgo de que los manifestantes se volvieran contra la gestión del Gobierno, los sondeos sugieren que ese riesgo no se reparte por igual.

Una encuesta de El País prevé más de 190 escaños para la suma de PP, Vox y UPN, frente a los 176 necesarios para la mayoría absoluta. El PSOE, por su parte, recuperaría terreno, mientras la izquierda alternativa se desploma: Frente Amplio apenas superaría el 5%. Una vez más, la ciudadanía se enfrenta al mismo bipartidismo que ya fue cuestionado por la generación de Los Indignados y, mientras la historia se repite, es inevitable volver a aquel lema: «No nos representan».

Si la verdadera novedad del movimiento es organizativa, las elecciones del 29 de noviembre no son la vara de medir adecuada. Las generaciones del 15-M dejaron de preguntarse cómo ganarse a los partidos. Las herederas de sus ideales han dejado de pedir que las representen y, en su lugar, se han organizado. Si los pronósticos se cumplen, dentro de unas semanas España tendrá, una vez más, un Gobierno que no está a la altura (y que amenazará aún más los derechos de los más vulnerables) y un problema que se repite sin fin. Nuestro voto importa más que nunca, pero la ciudadanía debe plantearse una pregunta aún más importante: ¿seguiremos pidiendo, o nos organizaremos?